Todo comenzó con la compra de productos sanitarios en la madrugada del 24 al 25 de marzo de 2020, derivada de la adjudicación de los contratos para obtener dicho material por parte del Ayuntamiento de Madrid. En pleno confinamiento, Alberto Luceño y Luis Medina llevaron a cabo una presunta estafa agravada, consistente en incorporar comisiones superiores incluso al valor del material con el que se suministraría. En concreto, tuvo lugar con relación a guantes y tests, que llegaron defectuosos y sin corresponderse con el encargo pactado. Pero lo más relevante versa sobre la adulteración artificial de los precios a través de las famosas comisiones que, además de incrementar el precio del producto un 60% aproximadamente, se tradujeron en el beneficio de un millón de euros para Medina, y 5 millones para Luceño. (Moraga, 2022; Águeda, 2022a). ¿Cómo ha podido ser esto posible?

Principalmente, por la celeridad con la que se cerraron los contratos. Sin embargo, debemos tener en consideración el contexto de entonces: transcurría el momento más drástico de la pandemia, con lo que puede comprenderse la rapidez con la que se intentó suministrar a toda España de un material sanitario agotado a nivel mundial. Pero igualmente ello no sirve de justificación para los dudosos términos en los que se desarrolló la negociación. Aunque existen diversos testimonios plagados de contradicciones, bien se haya producido a través de conversaciones en un grupo de WhatsApp, bien por medio de correos electrónicos, con o sin la facilitación de los contactos necesarios por parte del primo del alcalde (Gallardo, 2022b), constituye un hecho innegable que el contrato se adjudicó sin contrastar otras ofertas a precio de mercado, además de que se levantó acta por parte del Consejo sin presencia física y sin objeciones por parte de los portavoces de los partidos políticos. (Moraga, 2022).

Además, debe señalarse que estas presuntas estafas no fueron denunciadas por el Ayuntamiento de Madrid, sino por los bancos de Medina y Luceño, tras la constatación de los exuberantes ingresos en sus respectivas cuentas, que los llevó a dar aviso al SEPBLAC, que a su vez alertó a la Fiscalía Anticorrupción. Dicha Fiscalía presentó una querella, mediante la cual se instruye la descrita causa en el Juzgado 47, y desde entonces el Ayuntamiento se ha personado como acusación particular, y así como víctima de la presunta estafa urdida. (Águeda, 2022a). El juez de instrucción es Adolfo Carretero, conocido por polémicas decisiones judiciales, como el archivo de la investigación de bebés robados durante el franquismo, o el mantener imputada a una periodista de la cadena SER por publicar unos vídeos relacionados con el espionaje en la Comunidad de Madrid, entre otros. (Gallardo, 2022a; Público, 2022a). Asimismo, su hermano, Agustín Carretero, fue un alto cargo del gobierno de Esperanza Aguirre e Ignacio González. (Europa Press, 2015). Todas estas observaciones, junto a la dificultad probatoria que entrañan los delitos de tráfico de influencias o prevaricación, parecen indicar las pocas probabilidades de que se condenen a los acusados por estos delitos, y menos aún a otros empleados públicos y a la empresa EMSFM, sociedad pública que tramitó estas adjudicaciones.

Aun así, los delitos sobre los que no recaen dudas son numerosos. En concreto, se les acusa a Luceño y Medina de presuntas estafas agravadas, falsedad en documentos mercantiles, delitos fiscales y blanqueo de capitales. En relación con este último, se ha comprobado el intento de ocultar la procedencia de los beneficios obtenidos a través de las comisiones, comprando Luceño diversos artículos de lujo supuestamente como inversión para su empresa, y Medina adquiriendo fondos de inversión y un yate a través de una sociedad gibraltareña. Respecto a los fondos adquiridos, Luis Medina fue advertido de que no se deshiciera de ellos, y aun así efectuó diversos movimientos que han supuesto el vacío de sus cuentas, por lo que también se le imputa un delito de alzamiento de bienes. (Pascual, 2022a). Tal ha sido la situación, que ha derivado en una aparente insolvencia que imposibilita el embargo, por lo que el juez le ha impuesto una fianza de casi 900.000 € que, en caso de no satisfacerse, dirigirá el embargo hacia el patrimonio que heredará. (Noticias de Navarra, 2022).

Quizás en un intento de diluir responsabilidades, los acusados apuntaron hacia San Chin Choon, propietario de Leno, la empresa que produjo el material sanitario en China y lo exportó al Ayuntamiento de Madrid. A pesar de resultar clave su testimonio, se ha negado a colaborar con la justicia española, amparándose en el sistema judicial de Malasia. (Águeda, 2022b, y Pozas 2022).

Aunque se aguardaba este testimonio para la aclaración de lo sucedido (Público, 2022b), sin embargo no se erige como crucial en el caso, ya que la Fiscalía no considera que haya intervenido en el incremento del precio, entendiendo así que Medina impuso el precio al Ayuntamiento madrileño, y junto a Luceño, falsificaron la firma del empresario malayo para traspasar el dinero desde Kuala Lumpur hasta España. (El Periódico, 2022). En este último punto, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la colaboración de la Policía Científica para que, analizando la huella digital de los acusados, se determine la veracidad de toda la documentación relacionada con los diversos contratos, ya que la Fiscalía considera que no coinciden las fechas (Pascual, 2022d), y se ha determinado la falsedad de documentos relacionados con la Cámara de Comercio Internacional, Interpol o FBI. (Dorta, 2022). 

En cuanto a los presuntos estafadores, se dan varias incógnitas. Por ejemplo, ha quedado acreditada su falta de experiencia en el ámbito sanitario, así como en los mercados internacionales, y a pesar de ello lograron la adjudicación de los contratos y la intermediación con la empresa malaya. Aunque Medina se erige como el principal estafador por la imposición artificial de los precios, Luceño, desde una mayor discreción, obtuvo un beneficio cinco veces superior, lo que siembra dudas sobre quién fue el cabeza que urdió la estafa y quién desempeñó un papel secundario. (Pascual, 2022c).

Ante todo lo dicho, la instrucción del caso descrito se presenta como un auténtico reto, donde la condena por estafa se presenta muy probable, especialmente una vez acreditadas las falsedades documentales. (Águeda, 2022b). No obstante, y lo que más nos inquieta a los madrileños, es determinar si se compensará todo el dinero defraudado al Ayuntamiento. Al igual que en la mayoría de los delitos de defraudaciones, posteriormente a la comisión del delito se da una situación de, si no de insolvencia, sí de imposibilidad de devolver el total del beneficio obtenido de forma ilícita.

Este punto incide especialmente en la situación de Medina, puesto que fue advertido de que no tocase el dinero invertido en los fondos de inversión durante el desarrollo de la investigación, y aun así llegó a la situación de disponer en sus cuentas únicamente de 250€. Por ello adicionalmente se le acusa de alzamiento de bienes y se le ha impuesto una fianza tan elevada que, en caso de no pagarse, el juez de instrucción comienza a poner el foco sobre las posibilidades de embargo de la herencia de su abuela, la duquesa de Medinaceli. (Pascual, 2022b). En este sentido, Adolfo Carretero ya se ha puesto en contacto con el Juzgado de Instrucción 12 de Sevilla, para obtener la información sobre los bienes que componen dicha herencia, y en definitiva determinar las posibilidades de devolución del beneficio que obtuvieron ilícitamente de las arcas públicas. (Noticias de Navarra, 2022). En los próximos meses tendremos conocimiento de la resolución judicial al respecto, y probablemente se alargue en el tiempo, debido a la multitud de incidencias que el Tribunal de Cuentas va detectando de forma progresiva en los contratos suscritos por el Instituto de Gestión Sanitaria en medio de una pandemia mundial. (Público, 2022c).

ELENA YÁÑEZ

 

BIBLIOGRAFÍA

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