¿QUÉ SUCEDE EN EL RESTO DE EUROPA CON LOS DELITOS DE ODIO?

En el año 2015, el Eurobarómetro dejó ver un retroceso de la tolerancia en Europa, acompañado de los crecientes discursos de odio, en un contexto social donde la migración era portada informativa cada día.

Según la OSCE, en el año 2018 se registraron un total de 32.226 delitos de odio en Europa, estando Alemania a la cabeza con unos 12.000 delitos y seguida de Francia con casi 10.000 delitos. Esta cifra supone un 37,09% y 30,93% respectivamente, del total de los datos acumulados. 

Si miramos un poco más hacia el Este, en Hungría se registraron 194 casos (0,82%) y en Polonia 504 casos (8,18%).

Viendo estos datos podemos llegar a pensar que la sociedad húngara o polaca son impermeables a la intolerancia y a la discriminación, pero lo cierto que esas cifras tan significativamente bajas vienen dadas, entre otras cosas, por un déficit severo de datos, por falta de seguimiento y observación[5]. 

En el último periodo, en la sociedad polaca ha ido creciendo y proliferando una idea que aplasta la libertad individual. La creación de “zonas libres de LGTBI”, en un país que despenalizó la homosexualidad en el año 1932 (décadas antes que la mayoría de los países de la unión europea), y reivindica la amenaza que supone “la ideología gay” a la familia heterosexual tradicional polaca[6]. Haciéndose eco de esta recuperada corriente, los políticos de primer nivel han avalado este fenómeno con políticas dirigidas a la represión del colectivo LGTBI como, por ejemplo, la firma del presidente de la “Carta de la Familia”, que consiste en un panfleto contra los derechos LGBTI, en los qué, entre otras cosas, abogaba por prohibir el matrimonio igualitario, la adopción por parejas del colectivo LGBTI y la educación LGBTI en los centros escolares[7].

Según un informe publicado en mayo por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y citando textualmente, “el 15% del colectivo LGBTI de Polonia había sufrido agresiones físicas o violencia sexual en los últimos cinco años. Era el índice más alto de la Unión Europea. La mayoría de los ataques a personas LGBTI denunciados no dieron lugar a procesamientos”.

En las antípodas de esta presión social se encuentra Israel, que es un referente en materia de derechos en favor del colectivo LGTBI, y a pesar de la fuerte influencia religiosa y conservadora, la aceptación es muy elevada, tanto a nivel social como gubernamental[8]. Sin embargo, hay otra realidad muy acusada y aclamada internacionalmente derivada del conflicto con Palestina, donde solo el tres por ciento de delitos de odio contra los/as palestinos/as en territorio israelí resulta en imputación, presumiéndose una cifra sumergida de casos, puesto que, según la ONG YeshDin, la población palestina rehúsa denunciar.

Siguiendo la línea comparativa, retomando de nuevo el ámbito LGTBI, si miramos a Hungría, encontramos una norma aprobada en 2019 que prohíbe la difusión de contenido LGTBI en ámbitos donde haya menores, y es la conocida como “Ley de Orbán”, una ley homofóbica y transfóbica que prohíbe que se hable de homosexualidad y transexualidad en los colegios por ser, según Orbán, propaganda sexual y de pederastia.

El 16 de febrero de este año (2022), el TJUE ha fallado en favor de los derechos fundamentales del colectivo LGTBI, dando pleno derecho a las sanciones económicas impuestas por Bruselas a Hungría y Polonia a raíz de la vulneración del capítulo segundo, referente a las Libertades, de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea[9].

En el informe del 2020 de la OSCE “2020 Hate Crime Data”[10] Alemania sigue estando a la cabeza en cuanto al total de delitos de odio registrados, pero según palabras de la OSCE “Una mayor incidencia de crímenes de odio registrados y reportados por un estado en particular no significa necesariamente que se estén cometiendo más crímenes de odio allí; las estadísticas pueden reflejar simplemente una definición más amplia de los delitos de odio o un sistema más eficaz para registrar datos”[11] No obstante, y como puede verse detallado en el informe de Amnistía internacional[12] ya desde el 2015 se aprecia un aumento de los delitos motivados por odio, y la causa de esta subida es el ataque sistemático contra los demandantes de asilo provenientes de países islámicos, asumiendo un incremento de la violencia contra ellos, tanto física como psicológica, social (llegando a haber hasta seis protestas en la misma semana) e institucional (la inactividad de las autoridades alemanas para abordar la presión hacia los refugiados, ha motivado la denuncia de diferentes agentes sociales contra las instituciones gubernamentales).

Así pues y como apunta Pagazaurtundúa en las conclusiones del trabajo Cartografía del Odio[13] «como en una pescadilla que se muerde la cola, no existe una armonización a nivel europeo de los delitos de odio», y que «incluso sobre la motivación de racismo y xenofobia, la Decisión Marco del Consejo Europeo de 2008 que penaliza el odio por racismo y xenofobia no se ha transpuesto en todos los Estados miembro de la Unión Europea, y en 2021 hay 13 procedimientos de infracción abiertos a causa de la no transposición».[14] No obstante, es difícil que exista una armonización a nivel europeo en materia de delitos de odio, cuando a nivel nacional, existen dificultades para tipificar dicho delito, puesto que el enrevesado del lenguaje jurídico ralentiza la tarea de detección y tratamiento de los delitos de odio. Como apunta la fiscal Susana Gisbert en una entrevista para el Huffington Post: “Estamos como estábamos en violencia de género hace diez años”, compara Gisbert, especializada también en violencia machista. “Se está haciendo un trabajo, pero aún queda mucho”.[15]