En el caso de España  no existe una única legislación nacional vigente, es más, la existente siquiera está unificada, solo un proyecto de ley y leyes autónomas. Por lo tanto, al estar las competencias delegadas, la legislación es muy disímil entre sí y, puede que lo que esté prohibido en una comunidad esté permitido en otra. A modo de ejemplo, mientras que en Andalucía, Cantabria, Cataluña, Extremadura e Islas Baleares se prohíbe la venta de animales en escaparates en tiendas, el resto de las comunidades no lo prohíbe.

El Código Penal español en su artículo 337 legisla el maltrato a los animales imponiendo penas de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales o el que por cualquier medio o procedimiento maltrate injustificadamente, causándole lesiones que menoscaben gravemente su salud o sometiéndose a explotación sexual, a  un animal doméstico o amansado, un animal de los que habitualmente están domesticados, un animal que temporal o permanentemente vive bajo control humano, o  cualquier animal que no viva en estado salvaje.

Las penas se agravan cuando se hubieran utilizado armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o formas concretamente peligrosas para la vida del animal o hubiera mediado ensañamiento, se hubiera causado al animal la pérdida o la inutilidad de un sentido, órgano o miembro principal, si los hechos se hubieren cometido en presencia de un menor de edad o se hubiera causado la muerte del animal.  

Sin embargo, no se registra la aplicación efectiva de penas de prisión en el país.

En 2015 España ratificó el Convenio Europeo de Protección de animales de compañía  28 años después de haberse publicado en Estrasburgo en 1987, y de anexión voluntaria para los estados miembros.

El Convenio es ahora vinculante y obligatorio en todo el territorio y se sitúa por encima de la legislación estatal o local.  Dicho instrumento contempla la prohibición del abandono y propicia el respeto por las necesidades etológicas de cada individuo conforme con su especie o raza.

Expresamente prohíbe la venta de animales de compañía a los menores de 16 años y todo método de adiestramiento que perjudique la salud y bienestar del animal o que utilice medios artificiales que provoquen lesiones, dolores, sufrimiento o angustia. 

Se prohíbe además, la participación de animales de compañía en publicidad, espectáculos, muestras, concursos o cualquier evento público que usen animales como objeto, cuando dicha participación ponga en peligro su salud y bienestar, así como la utilización de sustancias, tratamientos o procedimientos destinados a incrementar o reducir el nivel normal de rendimiento del animal.

El texto del Convenio, aporta novedades en la legislación española que pueden llevarnos  a la prohibición de comportamientos tan dañinos como la cría de particulares por parte de quienes carezcan de los conocimientos necesarios para llevar a cabo dicha actividad o la utilización de instrumentos como collares de ahogo o descarga eléctrica o de perros en actividades como la caza.

A nivel internacional, la mayoría de las legislaciones solo se enfocan en planes de esterilización masivos, desatendiendo otros derechos de los que son beneficiarios como a la atención médica integral, a la alimentación, a un trato y una vivienda digna. Muchas veces los esterilizan y los devuelven a su hábitat natural, la calle, y con esa acción se les está privando de garantías que ya gozan como sujetos de derechos o como personas no humanas como se los denomina en las sentencias de los tribunales internacionales como el caso de la orangutana Sandra en Argentina, quien se hizo conocida mundialmente porque una Jueza local,  hizo lugar a una acción de habeas corpus, reconociéndose como persona no humana y ser sintiente, ordenando al zoológico de Buenos Aires que la liberasen.

En el caso de los Países Bajos llevan luchando por los derechos de los perros desde 1864 y son reconocidos mundialmente por ser el primer país sin perros abandonados en sus calles, gracias a sus medidas preventivas y correctivas de la situación de maltrato y abandono.

Ese resultado no se ha conseguido con un proceso sencillo, pero se puede decir que aprendieron de sus errores. Todo se inició cuando se estableció la primera agencia protectora de animales en La Haya; años después, en 1877, se abrió el primer asilo canino.

En aquella época, los perros eran un símbolo de estatus social: mientras la clase alta recurría a perros de raza con pedigrí, los mestizos eran comunes entre aquellos que tenían menos nivel adquisitivo, pues los empleaban como perros de trabajo.

Era legal abandonarlos cuando cumplían su propósito o finiquitar su vida útil, por ello la población de perros callejeros se fue incrementando y al no existir un control sanitario se expandieron enfermedades como la rabia y con ello surgió un nuevo oficio, el cazador de perros, que contribuye al sacrificio multitudinario de perros callejeros.

Se adoptaron medidas útiles y otras no tanto. Por ejemplo, el uso obligatorio de correas y bozales, también se impusieron impuestos elevados, pero resultó en un incremento de los abandonos porque no podían enfrentar el pago, pero otras medidas fueron más efectivas, como la de imponer impuestos más elevados a quienes tuvieran perros de raza que promovió la adopción de callejeros.

La importancia del bienestar de los perros condujo a la creación de sociedades y organizaciones caninas y, es en 1886 cuando comenzaron a imponerse penas por el maltrato y el abandono animal, acompañando dicho desarrollo con leyes de protección y de salud y bienestar animal imponiendo hasta 3 años de prisión o multas de más de lo que hoy serían equivalentes hasta 15 mil euros por ello.

Ante la falta de animales de la calle, para ayudarlos o adoptarlos hoy en día deben viajar a países de Europa y desde el 2011 cuentan con el primer cuerpo policial para atender las situaciones en las que los animales se ven envueltos en la violencia de sus propios dueños, son los Animal Cops integrada aproximadamente por más de 500 miembros que velan por su protección y seguridad.

A nivel mundial, todas las especies tienen sus garantías plasmadas en la Declaración Universal de los Derechos de los Animales la que ya lleva 40 años de vigencia. Es una especie de carta de derechos de los animales en la que al igual que los humanos todo animal tiene derecho a la vida, la existencia y al respeto, lo que implicaría que el ser humano no tiene derecho a exterminarlo.

Los animales tienen dignidad y nadie puede someterlos a malos tratos, torturas y dolor solo autorizando a matar a un animal cuando se encuentre en una situación de peligro y la muerte del animal sea  para subsistir.

Nos impone a los seres humanos la obligación de actuar con moderación y consideración hacia el animal y en ese caso, la muerte deberá ser ‘instantánea, indolora’ y no debe generar angustia.

Se establece que tienen derecho a la libertad; o sea que los animales  cuentan con el derecho a vivir libres dentro de su hábitat natural.

En la carta dice que la vida de ninguna especie debe ser modificada por fines mercantiles, y es que la alteración de sus realidades vitales supone un delito. Los propietarios tenemos el deber de preservar su vida y no podemos abandonarlos ya que el abandono constituye un acto denigrante que debe ser criminalizado.

Los animales utilizados para el trabajo tienen derecho a no ser explotados y su alimentación debe ser la adecuada y deben existir plazos para el descanso