En este 2021, el terrorismo yihadista ha mostrado, un año más, una gran capacidad adaptativa que le ha permitido consolidarse como un fenómeno en permanente evolución. El entorno VUCA (Volatilily, Uncertainty, Complexity y Ambiguity) en el que vivimos ha consolidado el concepto de “aldea global” de Marshall McLuhan que empezó a emplear cuando transmitía la idea de unidad de todos los hombres en una misma ciudad mundial. Él afirmaba que no iba a producirse una homogeneidad sino que iba a ayudar a incrementar las diferencias y no contribuiría al equilibrio o estabilidad. Así pues, el yihadismo es a día de hoy un claro efecto y reflejo de la idea planteada allá por los años 60 que lleva en sí misma grandes matices de lo que hoy conocemos como “globalización”.

En España, lejos de reducirse el problema, dicha situación ha contribuido a que el terrorismo yihadista continúe su proceso evolutivo. El terrorismo ha evidenciado un claro cambio de ciclo con el inicio del fin de la globalización tal como la conocíamos y ha sabido adaptarse una vez más al nuevo nuevo reseteo mundial. La presente Memoria se ha realizado a partir de una revisión de las operaciones policiales antiyihadistas de contenido abierto y realizadas en el año 2021 por las diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En este sentido, se ha acudido principalmente a medios de comunicación como fuente de información, llevando a cabo un análisis de cada uno de los casos en base a una metodología cualitativa. Esto ha permitido realizar una serie de inferencias y llegar a conclusiones propias. De esta manera, se ha podido conocer el panorama actual, estableciendo una serie de claves, a modo de aproximación, de cara a comprender las tendencias sobre las que está el fenómeno yihadista en España.

*La presente Memoria ha sido redactada en base a la monitorización confeccionada por el OIET (Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo | https://observatorioterrorismo.com) sobre las ”operaciones policiales antiyihadistas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españoles”.

**El apéndice versa sobre una publicación previa realizada en colaboración con nuestro partner Atalayar, entre dos orillas (https://atalayar.com). 

EXTRACTO

OPERACIONES POLICIALES ANTIYIHADISTAS 2021

CASO 8 DE ENERO

La Comisaría General de Información de la Policía Nacional y la Jefatura Provincial de Información de Barcelona, con el apoyo de CNI, FBI, CIA, Europol, así como los servicios de inteligencia argelina, llevaron a cabo la primera parte de la operación “Arbac” [1] en la que se detuvo en la capital a tres individuos de nacionalidad argelina, Merouane Ben Ouare, Sami Ben Ahmed y Omar Akbi entre 23 y 35 años [2], estando los dos últimos en la capital desde las navidades de 2020-21. La segunda parte de la operación “Arbac” se llevó a cabo el 13 de octubre de este año, la cual se saldó con cinco detenidos [3].

En lo referente a la operación del 8 de enero, el más peligroso de los tres detenidos era el retornado del Daesh, Ben Ouare, el cual participó en la guerra que llevo a cabo la organización terrorista en territorio sirio-iraquí. Es sabido del gran riesgo que conlleva que un individuo de estas características se encuentre en un país de la UE (el terrorífico ejemplo en Toulouse de Mohamed Merah en el 2012 es concluyente), por lo que la detención se aceleró, ante la posibilidad de que el retornado de zona de conflicto y con experiencia de combate, pudiera preparar un atentado en territorio español u otro país de la UE. Este individuo había llegado en patera [4] (por investigaciones de la operación “Arbac” de octubre), sobre el 23 de diciembre a las costas de Almería junto al otro detenido, Omar Akbi, individuo que le acompañó en todo momento y que era simpatizante de la organización terrorista, siendo además muy activo en las redes sociales.

Durante una intervención telefónica a este simpatizante y potencial “actor solitario”, las autoridades comprobaron que se elogiaba el atentado ocurrido en Viena (Austria) el 2 de noviembre del 2020. Durante este atentado, un hombre armado con un fusil automático AK-47 y un machete, causó 4 muertos y 22 heridos.

El tercero de los detenidos era otro argelino, delincuente común, el cual les prestó apoyo logístico, concretamente en la bajera que el ocupaba en el barrio de la Barceloneta. Una vez efectuada la detención, dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en coordinación con la Fiscalía de la misma, se llevó a cabo la intervención y registro de la bajera donde fueron incautados los teléfonos móviles de los sospechosos por si arrojaban datos significativos para esta y futuras investigaciones. Al parecer, y según los datos recabados por las autoridades, los detenidos tenían previsto viajar de inmediato a Francia [5].

Una vez puestos a disposición de la Audiencia Nacional, el Magistrado Alejandro Abascal decretó prisión incondicional para los tres presuntos yihadistas [6], imputándoles a los dos primeros, un delito de pertenencia a organización terrorista (art 571 y siguientes del C.P) [7], y al tercero de ellos un delito de colaboración con organización, grupo o elemento terrorista (art 577 del C.P) [8].

FINALES DE FEBRERO

En la operación policial llevada a cabo por la Policía Nacional en Pamplona, en la que se detuvo a un varón, por el momento no han transcendido más datos a fecha de cierre del presente Anuario, no existiendo más información sobre la citada noticia en los medios.

CASO 10 DE MARZO

La Jefatura de Información de la Guardia Civil en el marco de la operación “Triangle”, ha detenido en la prisión de Daroca (Zaragoza) y Murcia II a tres presos yihadistas, dos argelinos y un marroquí, Mohamed. A, Karroubi. B y el líder del grupo Mohamed. F, de 43, 62 y 40 años respectivamente. Los detenidos se encontraban alineados con la estrategia global del Daesh, y se dedicaban al reclutamiento en el interior de la prisión. Por un lado, el líder del grupo, el marroquí Mohamed. F, se encontraba en prisión, bajo control en la administración penitenciaria española en el Fichero de Internos de Especial Seguimiento (FIES) desde el 2020, el cual cumplía condena por agresión sexual [9]. Por otra parte, el resto de detenidos cumplían condena por homicidio y robo con violencia entre otros. La operación policial contó con la colaboración de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y de los funcionarios de las dos cárceles a la hora de advertir e identificar las actividades de todos los detenidos.

Los tres detenidos cumplían condena en la cárcel de Murcia II, no obstante una agresión a un interno en enero del 2020 que se resistió a la captación, motivó que al líder del grupo lo trasladaran a la cárcel de Daroca y catalogado como preso FIES por su capacidad de liderazgo y captación [10] Los tres detenidos utilizaban como medios de coacción la violencia contra presos que estaban a punto de salir en libertad, con el fin de adoctrinarlos en la ideología salafista para así culminar el proceso de radicalización de cara a cometer futuros atentados contra miembros de las FSE [11]. Expertos en la lucha antiterrorista así como de la Fiscalía de la Audiencia Nacional son conscientes de la realidad que se da en Centros Penitenciarios como principal foco de adoctrinamiento y radicalización, sobre todo de los presos más vulnerables a los que los más radicales pueden captar por medio de una intensa campaña de proselitismo.

No son pocos los casos en que un proceso de radicalización de un interno puede acabar, una vez recobrada la libertad, en un atentado terrorista. Sirva como ejemplo de lo anterior, el terrorista francés Cherif Chekat, delincuente común conocido por la policía francesa, el cual fue radicalizado tras su paso por prisión, llevando a cabo tras su salida de prisión. El atentado tuvo lugar en Estrasburgo en diciembre del 2018, tiroteando a más de una de una docena de personas en el mercado navideño, matando a cinco de ellas [12].

La investigación fue dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional junto con la coordinación de la Fiscalía de la misma. Estos detenidos, alineados con el Daesh, se podrían enfrentar a una pena de entre 5 y 10 años por un delito de adoctrinamiento para incitar a incorporarse a una organización o grupo terrorista o para cometer los delitos tipificados en el Capítulo VII (Art. 577.2 del C.P.).

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