DAÑOS PROVOCADOS POR ARTEFACTO ESPACIAL

Recientemente hemos asistido a la destrucción de un satélite ruso en órbita por medio del impacto de un misil. Los fragmentos que produjo esa destrucción, obligaron a realizar maniobras evasivas a los componentes de la Estación Espacial Internacional, así como debieron desviarse de su rumbo por temor al impacto de dichos fragmentos. Este fenómeno no es algo que frecuente, pero sí ha ocurrido en numerosas ocasiones. En este artículo analizaremos las consecuencias jurídicas de los daños provocados por caídas de fragmentos de origen espacial, principalmente con fines militares.

Esta frecuencia de la que hablamos ya data del año 1956, cuando un cohete estadounidense se estrelló en la selva amazónica brasileña, en 1957, grandes restos del Sputnik-l cayeron sobre territorio de Estados Unidos, precisamente cerca de una reserva militar o incluso los daños y lesiones producidos en un mercante japonés en junio de 1969 por la caída de fragmentos de un artefacto soviético.

Militarización espacial

Debemos referir en este caso, la «utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos», así como el régimen más específico que rige el uso de armas de destrucción en masa, que es pertinente para la «militarización» o «militarización» del espacio ultraterrestre. El sistema de responsabilidad internacional establecido por el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre (OST) y el Convenio sobre Responsabilidad de 1972.

Si se acepta que el derecho espacial no prevé ninguna prohibición general de la militarización del espacio ultraterrestre, el examen del régimen de responsabilidad cobra especial relevancia. Mientras que la militarización en el sentido más amplio es legal, el concepto de responsabilidad al menos limita la «militarización del espacio» (entendida como el uso del espacio ultraterrestre para el despliegue directo de la fuerza en situaciones de violencia armada).

Responsabilidad del Estado

La «responsabilidad» se refiere aquí a una situación en la que un Estado, habiendo causado daños a las personas o a los bienes de otro Estado, incurre en la obligación de pagar daños y perjuicios a ese otro Estado. Esto ya está contemplado en el Art. VII de la OST, que prevé que «cada Estado Parte en el Tratado (…) es internacionalmente responsable de los daños causados a otro Estado Parte en el Tratado o a sus personas físicas o jurídicas por [su objeto espacial]», independientemente de que esos daños se describan en el espacio ultraterrestre, en los cuerpos celestes o en la Tierra misma. Sin embargo, este principio rector sólo se explora detenidamente en el propio Convenio sobre Responsabilidad.

Este último tratado establece un régimen dual de responsabilidad, dependiendo de si el daño fue causado en la superficie de la Tierra (así como en las aeronaves en vuelo) o en el espacio ultraterrestre. Con respecto a lo primero, «el Estado de lanzamiento estará absolutamente obligado a pagar una indemnización por los daños causados por su objeto espacial» (art. II), la única excepción a este modo de «responsabilidad absoluta» existe en situaciones en que pueda demostrarse que el daño ha sido efectivamente provocado por el otro Estado Parte. Por otra parte, cuando se trata de daños causados a otro objeto espacial, el Estado de lanzamiento sólo es responsable en la medida en que pueda demostrarse que el daño ha sido su «culpa» (párrafo 1 del artículo VI).

Responsabilidad militar

Tomado al pie de la letra, el Convenio sobre Responsabilidad podría considerarse como un acuerdo típico de «tiempo de paz», diseñado para regir las relaciones regulares y pacíficas entre los Estados. De hecho, el Convenio sobre Responsabilidad puede leerse en el supuesto de que se aplica en situaciones de conflicto armado y, por lo tanto, a la utilización militar del espacio.

En su preámbulo se considera que «no obstante las medidas cautelares que deban adoptar los Estados y las organizaciones internacionales intergubernamentales que participen en el lanzamiento de objetos espaciales, en ocasiones esos objetos pueden causar daños». Esta redacción sugiere que la Convención fue concebida principalmente para dar cabida a accidentes, pero de ninguna manera puede interpretarse en el sentido de que, a fortiori, no es aplicable a los daños causados deliberadamente.

Por ejemplo, cuando el artículo VI establece las únicas excepciones a la responsabilidad absoluta, continúa declarando explícitamente que «no se concederá exoneración alguna en los casos en que el daño haya sido resultado de actividades realizadas por un Estado de lanzamiento que no estén en conformidad con el derecho internacional, incluida, en particular, la Carta de las Naciones Unidas» o el OST. Si bien el significado de esta disposición puede ser debatido, hay pocas dudas de que lo que los redactores tenían en mente es la prohibición de la Carta de las Naciones Unidas sobre la amenaza y el uso de la fuerza en las relaciones internacionales.

Los daños y perjuicios por fragmentos espaciales

La noción muy amplia de «daño» se define como «pérdida de vidas, lesiones personales u otros impedimentos para la salud; o la pérdida o el daño de bienes de los Estados o de las personas, naturales o jurídicas, o de los bienes de las organizaciones internacionales intergubernamentales». Como cuestión de interpretación de los tratados, parece absurdo sugerir que un tratado que abarca claramente los casos de accidente no se aplicaría también a los daños causados deliberadamente, o se limitaría a los daños deliberados causados fuera de un conflicto armado.

Al final del día, la cuestión más polémica con respecto al Convenio de Responsabilidad podría no ser cuándo se aplica, sino más bien a qué se opone. Si bien el derecho espacial utiliza el término «objeto espacial» con cierta frecuencia, en realidad nunca lo define, y todo lo que el Convenio de Responsabilidad tiene que decir al respecto es que la frase incluirá «las partes componentes de un objeto espacial, así como su vehículo de lanzamiento y partes de él» (apartado d) del artículo I). Esto podría implicar que los redactores evitaron deliberadamente dar una definición exacta, ya que existe una cierta cualidad limitante en la definición de los términos legales, sin importar cuán relevantes sean.

Dicho esto, la noción debe tomarse para ser lo más inclusiva posible e incluir cualquier objeto hecho por el hombre lanzado al espacio, aunque un análisis teleológico también está justificado en el sentido de que, sin embargo, de alguna manera está destinado a funcionar en el espacio. Por lo tanto, un satélite o el transbordador espacial ciertamente se considerarían objetos espaciales en el sentido del Convenio de Responsabilidad y el OST, mientras que un misil, lanzado desde un punto de la superficie de la Tierra a otro y atravesando brevemente la línea Kármán, no lo haría. Este es un punto que consideramos determinante para establecer la responsabilidad por daños espaciales causados por estamentos militares.

Armas espaciales, daños e indemnizaciones: ¿Una prohibición «indirecta»?

Teniendo presentes las dificultades inherentes a la interpretación del derecho espacial en el sentido de que prohíbe la noción amplia de militarización o, aún más estrechamente, la utilización de armas en el espacio, la lectura anterior del Convenio sobre responsabilidad sugiere una interpretación poco ortodoxa, pero potencialmente útil, de los tratados.

Por un lado, si cualquier uso de armas espaciales distintas de las mencionadas específicamente en el derecho de los tratados (por ejemplo, colocar armas de destrucción masiva en el espacio o utilizar cuerpos celestes con fines «no pacíficos») estuviera en consonancia con el OST, se puede incurrir, no obstante, en responsabilidad internacional por cualquier daño causado a otros Estados Partes por ese uso.

En pocas palabras, puede que no sea ilegal utilizar un arma espacial (como cuestión de derecho espacial) contra otro Estado, pero cualquier daño que pueda causarse debe ser indemnizado. En tiempos de conflicto armado, el derecho internacional humanitario (DIH) abarca la idea de las reparaciones, pero éstas nunca deben proporcionarse para actos de guerra que de otro modo serían legales. Por lo tanto, a contrario, el régimen de responsabilidad espacial equivaldría a una prohibición «indirecta» en términos prácticos: si se ha de pagar una indemnización por cualquier daño causado, ¿Puede denominarse ese daño «legal» en el sentido habitual de la palabra?

Dicho de otra manera: supongamos que, en una acalorada discusión sobre una caña de cerveza en un bar, de repente rompes tu vaso en el suelo en un gesto dramático. Si el dueño del establecimiento viniera y te pidiera que le devolviera el vidrio, ¿diría que se le permitió romper el vidrio en primer lugar? El propósito mismo de la compensación sería indicar el carácter ilícito de este tipo de gesto.

El alcance del Convenio sobre responsabilidad

Por otra parte, si bien el Convenio sobre responsabilidad cuenta con unos noventa Estados Partes, simplemente hay muy poca práctica con respecto a su aplicación para otorgar credibilidad a cualquier interpretación en particular. La única reclamación en virtud de la Convención hasta la fecha, presentada por el Canadá contra la URSS después del incidente de Kosmos 954 de 1978, se hizo con respecto a los daños en tiempos de paz. Queda por ver cómo le iría a esa reclamación por los daños causados en un conflicto armado.

Análogamente, incluso si se confirmara la aplicabilidad de la Convención en situaciones de conflicto armado, el carácter interestatal del régimen de responsabilidad aparentemente limitaría su pertinencia para los conflictos armados no internacionales, que todavía se libran habitualmente en el territorio de un solo Estado. Sin embargo, a diferencia del DIH, que, por regla general, establece obligaciones entre las partes beligerantes, el Convenio sobre responsabilidad prevé la responsabilidad por cualquier daño causado a las personas o bienes de otro Estado. Sin duda, este sería un factor limitante para el uso de la fuerza desde el espacio, incluso en tiempos de conflicto armado no internacional, que son cada vez más extraterritoriales y a menudo involucran a nacionales de otros países.

Esta interpretación amplia e inclusiva del Convenio sobre Responsabilidad, además de ser coherente con el pacifismo inherente al derecho internacional moderno, también puede servir para poner fin a las preocupaciones de quienes señalan el lado más positivo de la militarización espacial (como el uso de satélites para una guía más precisa de las armas, lo que resulta en menos «daños colaterales» civiles). De hecho, en lugar de limitar los usos militares generales del espacio, el régimen de responsabilidad restringiría su militarización.

Limitación del armamento espacial

El artículo IV del Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre especifica que «las armas nucleares o cualquier otro tipo de armas de destrucción en masa» no se pondrán en órbita, se instalarán en el espacio ni se construirán sobre cuerpos celestes. Por lo tanto, tal como está escrito, el tratado no prohíbe que el armamento convencional (por ejemplo, misiles) se coloque a bordo de satélites (o en el espacio ultraterrestre) o que los Estados utilicen esas armas en defensa propia. Sin embargo, cualquier uso no defensivo de ese tipo de armamento también es probable que viole las leyes internacionales de los conflictos armados. Y cualquier desecho generado probablemente daría lugar a responsabilidad en virtud de los artículos VI y VII del Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre, así como del Convenio sobre Responsabilidad Espacial de 1972, si causara o creara de otro modo el riesgo de daños a los bienes de otros Estados.

Conclusión

Nos encontramos inmersos nuevamente en una carrera espacial. No solo imperan los fines científicos e investigación aeroespacial, sino que, cada vez se incrementa exponencialmente la incursión en ese ámbito la exploración con fines militares. No solo mediante el envío de satélites, sino como la creación de una Fuerza Espacial, tal y como recientemente ha valorado EEUU, por lo que, se debe tener presente el compromiso de EEUU con el Tratado sobre los principios que rigen las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluida la Luna y otros cuerpos celestes. Una Fuerza Espacial de los Estados Unidos podría, y probablemente lo haría, entrar en conflicto con el derecho espacial internacional. Además de motivar la acción recíproca de otros estados, una Fuerza Espacial de los Estados Unidos casi seguramente pondría en peligro el uso pacífico del status quo espacial consagrado en el Tratado del Espacio Ultraterrestre.

Los daños que se pueden producir tanto en los bienes como en las personas originados por colisiones o conflictos bélicos que tengan su origen en el espacio ultraterrestre necesitan de un encuadre jurídico determinado a los tiempos modernos.